‘Kit’ para una movilidad laboral segura

13 octubre 2022

Las cifras hablan por sí solas: los siniestros viales relacionados con el ejercicio de la actividad profesional aumentaron un 18% en 2021 y supusieron el 13% del total de accidentes laborales en España. Hablamos de unos 10.000 siniestros con baja (el 68% de ellos in itinere) de un total de los casi 70.000 registrados en total en el ámbito laboral en España. Traducido a términos económicos, se puede estimar en 1,6 millones de euros. Pero el dato más preocupante tiene que ver con la mortalidad, que creció nada menos que un 38% respecto al año anterior.

La recopilación y análisis anual de estos datos que realiza el Observatorio de la Siniestralidad Vial Laboral de España, creado por Asepeyo y la Fundación CNAE con la colaboración de la DGT, revela, además, el incremento de otra variable clave: las bajas por percances en carretera, tanto en el trayecto de ida o vuelta al trabajo (in itinere) como durante el desarrollo de la jornada laboral (en misión), fueron de media seis días más largas que las del resto de accidentes laborales. Son datos de 2021 en comparación con el año anterior, atípico donde los haya por el período de confinamiento y las restricciones posteriores, aún vigentes en cierta medida durante 2020. Por eso, como apunta Javier Llamazares, director general de Fesvial, “hay que interpretarlos con cautela. No son cifras cien por cien objetivas pero las de 2022 sí lo serán porque la actividad económica plena ha comenzado ahora”.

La clave, formación

El análisis puramente estadístico no debe hacernos perder de vista la verdadera cuestión de fondo: los siniestros viales relacionados con el ejercicio profesional tienen una incidencia preocupante. La cuestión es: ¿hay que aceptarlo como inevitable o cabe actuar de forma preventiva? Llamazares defiende que la clave radica en la formación: “Lo más efectivo contra la siniestralidad vial laboral son acciones formativas a grupos de riesgo, con lo que se puede llegar a reducir su incidencia entre un 15 y un 20 por ciento”.

Coincide Ricardo Gutierrez-Cortines, director de Empresas de FCNAE, para quien “el proceso formativo de los trabajadores es uno de los elementos más importantes”. Explica que hay avances en este sentido: planes de movilidad y seguridad vial, campañas de concienciación y certificaciones ISO 39001, aunque lamenta que estas propuestas no calen tanto “en empresas de menor tamaño”.

Raquel Casado, Jefa Provincial de Tráfico de Asturias, apunta que la formación vial para niños en las escuelas o a jóvenes que se preparan para el carné está asegurada, y “a través de la empresa se llega a esa población más mayor” que queda fuera del radar.

 

Apoyo a la empresa

Aquí el problema radica en el conocimiento de las herramientas de que dispone la empresa, independientemente de su tamaño. Casado, cuya jefatura provincial lidera la implantación del Sello de Movilidad Segura de la DGT en la empresa, constata que entre las más de 70 entidades del Principado que disponen de él hay desde autónomos hasta empresas mayores: “El sello al final es un marchamo de calidad que hace a las empresas que lo tienen funcionar en red, independientemente de su tamaño”.

El Sello, que también está implantado en Cantabria y en fase de desarrollo en Murcia, Andalucía, Canarias y Castilla y León, se enmarca en los objetivos definidos en la Estrategia de Seguridad Vial 2030 de la DGT, que contempla la promoción de planes de movilidad en las empresas e intercambio de buenas prácticas.

Para concretarlo, recientemente se actualizó el Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa de la DGT, elaborado junto con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una guía metodológica dirigida a los responsables de prevención de riesgos laborales que, precisamente, se plantea el objetivo de llegar de forma prioritaria a pequeñas y medianas empresas.

Javier Llamazares, de Fesvial, afirma que “a todas las empresas les decimos que es lo idóneo porque hace un análisis de datos, evaluación de riesgos y un plan de acción”. Su objetivo es “lograr un cambio modal hacia una movilidad más segura y sostenible en los desplazamientos relacionados con el trabajo”.

Crecimiento lento

Herramientas, por tanto, hay, pero ¿tienen las empresas la disposición suficiente para usarlas? Según el propio Observatorio de la Siniestralidad Vial Laboral, sí: la gran mayoría (87%) considera el tráfico un riesgo para la salud del trabajador, y más del 60% han realizado alguna acción para mejorar los desplazamientos laborales.

Para ello disponen de soporte en la propia DGT, como explica María José Aparicio, subdirectora de Educación y Formación Vial, quien señala que las propuestas formativas que se plantean “pueden partir de la propia DGT o de empresas que exponen sus necesidades en este ámbito”. En la actualidad se está trabajando en un curso sobre uso de patinetes, otro para mensajeros en bicicleta (ver recuadro junto a estas líneas) y, en colaboración con Fundae, se ha desarrollado otro para repartidores en moto ya incluido en el catálogo del SEPE.

Otra cuestión es la idoneidad de las acciones adoptadas: solo una cuarta parte de las empresas basa sus decisiones en indicadores concretos, como su número de siniestros, las infracciones recibidas o la cantidad de empleados con tareas de conducción durante su jornada laboral.

Silvia Ubago, responsable de Formación e Investigación del Área de Movilidad y Seguridad Vial de la Fundación RACE, afirma que “demanda existe, aunque menor de lo que nos gustaría. La prevención de riesgos viales está dentro de la de riesgos laborales. Las empresas tienen claro lo que tiene que ver con prevención de lo relacionado con su actividad, pero en muchas ocasiones se olvidan de que los desplazamientos también están dentro de esos riesgos”. Añade que la demanda de formación ha crecido, aunque despacio “porque solo un 27% de ellas dedican parte de su presupuesto de formación a seguridad vial”.

Incentivos para empresas

Para corregir esto, lo más efectivo sería concienciar sobre el coste que supone para la empresa no atender esta siniestralidad. Llamazares apunta que “hablamos de en torno a 1.600 € de coste medio de un accidente vial laboral, mientras que uno laboral supone unos 1.200”. Por tanto, no hacer políticas de prevención sale caro.

Señala que establecer incentivos sería un buen impulso y que hay ayudas promovidas desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) si se vincula la formación con planes de movilidad. Relacionado con accidentalidad solo se prevé una reducción de cotizaciones de la Seguridad Social por contingencias profesionales “por presentar una reducción de accidentalidad continuada, no solo de un año”. En nuestro entorno, Francia es de los países que más apuesta por ello y allí “se bonifican los planes de seguridad vial”.

Llamazares defiende“promover planes de seguridad vial y de movilidad, porque la clave del éxito de la reducción de la accidentalidad es tener un plan ordenado”. Aunque recalca que hay que diferenciar “el plan de movilidad del de seguridad vial, que evalúa los riesgos de un trabajador, mientras que el de movilidad analiza sus modos de transporte”. Añade que “es el técnico de prevención el que ha de llevar el plan de seguridad vial”, aunque ambos planes “tienen que ir totalmente unidos”.

 

Silvia Ubago añade que el plan de movilidad engloba la seguridad vial y que el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible plantea que sea obligatorio que dispongan de un plan de movilidad “los centros de trabajo con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno”. Sea o no obligatorio, Constantino Perea, director territorial de Asepeyo, sostiene que es importante concienciar a las empresas de las ventajas del plan de movilidad porque “beneficia a los trabajadores, con mejoras en su salud personal y en la conciliación; a la empresa, con el ahorro de costes directos al hacer un uso más racional de las flotas; y a la sociedad, con la disminución de la siniestralidad vial, de la congestión de tráfico y la contaminación”.

En CCOO de Carretera y Logística se aboga por para facilitar el desplazamiento al centro de trabajo en transporte público, aunque lamentan que “no hay predisposición por parte de las empresas”. Lo ejemplifican con la “eliminación del clásico autobús de empresa”. Consideran que es necesaria una obligación porque el empresario cree que la formación “compete a los poderes públicos, no a él”.

Proliferación de VMP

La implantación de este tipo de planes obliga, lógicamente, a adaptarse a los cambios ligados a la evolución de la movilidad. En este sentido, el auge de vehículos de movilidad personal (VMP) introduce una nueva variable. Según Perea, su uso “ha incrementado los siniestros debido, fundamentalmente, a la vulnerabilidad del usuario”.

Aunque la mayor preocupación de los formadores al respecto se centra en su capacitación. Silvia Ubago dice que el riesgo es mayor porque “la mayoría de usuarios desconoce cómo usar el vehículo y sus normas”. Llamazares añade que entran en liza usuarios sin carné y sin formación específica, “por eso el plan de movilidad y el plan de seguridad vial laboral tienen que estar entrelazados”.

¿Y los profesionales?

Del usuario de la vía con escasa o dudosa capacitación, al profesional. Juan José Gil, secretario general de la patronal de transportistas Fenadismer, destaca que la siniestralidad en su sector cayó en 2021 un 19%. En 2020 afrontaron un mayor estrés para atender las necesidades del Estado de Alarma, que “obligó a la Administración a aumentar los tiempos máximos de conducción y reducir los tiempos de descanso de los conductores”.

CCOO apunta al auge del comercio electrónico como causa del repunte de siniestros de furgonetas “que están exentas de los límites legales de conducción y descanso y del mecanismo de control que supone el tacógrafo”. También Gil se refiere a ello y celebra que vaya a ser obligatorio en 2026, “lo que permitirá controlar las horas de trabajo efectivamente dedicadas a la conducción”.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha lanzado en redes sociales, con el apoyo de la DGT, la campaña #Confurgonetas5metas, que incluye mensajes para conductores y empresarios. A los primeros se les insta a planificar bien los movimientos, distribuir y sujetar bien la carga, respetar la velocidad y distancia de seguridad y vigilar los ángulos muertos. A los empresarios se les anima a apostar por la renovación y mantenimiento de las flotas, la formación del conductor, la organización cabal del trabajo y la atención a los aspectos ergonómicos.

Desde CCOO Carretera y Logística se critica que predomine “una normativa pensada para la productividad del vehículo y no para la seguridad del conductor” y reclaman la regulación efectiva de la jornada y la jubilación anticipada.

Peculiaridades del taxi

Precisamente la coincidencia de normas que ponen el foco en el vehículo y en su conductor caracteriza al sector del taxi, según Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi). Gracias a esto, afirma, no reportan un incremento significativo de siniestralidad.

Explica que cuentan con una regulación exigente respecto al acceso a las licencias, el mantenimiento de los vehículos o la limitación de la jornada que coloca al taxista en una situación óptima. “Tenemos unos niveles de siniestralidad y de accidentes laborales bastante reducidos, hasta el punto de que es normal entre compañeros que pasen años sin dar un solo parte”, señala. Considera que el taxi es un servicio muy regulado “pero esa regulación es beneficiosa para el usuario y el profesional. Todo lo que aporte seguridad, calidad, garantía y buen servicio repercute en contener la siniestralidad”.

Antaxi reivindica que esa exigencia se acompañe en todos los municipios del necesario reconocimiento como servicio público que les permita circular por carriles específicos o por zonas de acceso restringido al transporte municipal.