Pacto de Estado por la Seguridad Vial

12 abril 2019

Reducir a cero el número de víctimas en accidentes de tráfico y unir fuerzas para cambiar la tendencia al alza de la siniestralidad vial desde 2014. Es el objetivo de un ambicioso plan, compuesto por más de 80 medidas, que han dado a conocer la Fundación MAPFRE, la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico (AESLEME) y la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Las tres entidades instan a los partidos políticos a firmar un Pacto de Estado por la Seguridad Vial, que ponga el foco en el Objetivo Cero víctimas. También les piden que introduzcan la seguridad vial en el debate político y que incluyan acciones concretas en sus programas electorales con el fin de frenar los siniestros viales, que en España acabaron con la vida de 1.830 personas en 2017 -casi 5 víctimas al día- y causaron más de 9.000 heridos graves.

Las medidas propuestas de la Fundación MAPFRE, AESLEME y AEC se resumen en estos seis puntos: 

Carreteras que perdonan. Respecto a las infraestruccturas, las tres entidades proponen incrementar en 300 millones de euros la partida presupuestaria para  conservación de las vías con el fin de recuperar el déficit acumulado, mejorar el firme de las carreteras e invertir en equipamiento que salva vidas, como las barreras de seguridad, así como en vías 2+1. 

También para mejorar la señalización y la iluminación, especialmente en las carreteras convencionales, por las que circula aproximadamente el 40% de los vehículos y donde se producen cada año el 75% de los accidentes mortales. 

Además, corregir con carácter urgente los tramos peligrosos, así como poner en marcha un programa de “carreteras que perdonan”, que contribuya a reducir la siniestralidad por salida de vía, causa por la que fallecen 4 de cada 10 conductores.

Vehículo, Plan PIVE y Alcolocks. Promover la seguridad de los vehículos es otro de los objetivos: es necesario que los fabricantes de automóviles acorten los plazos para incorporar los últimos avances tecnológicos como elementos de serie y desde las versiones más económicas.

Las tres entidades también sugieren al Gobierno que trabaje en un nuevo Plan PIVE para facilitar la renovación de un parque de vehículos más seguros y ecológicos, y que promueva la instalación de limitadores inteligentes de velocidad, así como otros sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y alcolocks, este último, tanto en los vehículos de conductores profesionales como en aquellos que utilicen las personas con problemas de adicción al alcohol.

Cuidades sostenibles y ciclistas. La propuesta también pone el foco en aumentar la seguridad de las ciudades, donde fallecieron 509 personas en 2018 y se registraron 4.780 heridos hospitalizados. Propone medidas para garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas), con carácter urgente, a través de la creación de más vías específicas para ciclistas y promoción del uso del casco en ciudades.

Sugiere, además, reforzar la señalización, promover que los vehículos más seguros y los menos contaminantes puedan circular en determinadas zonas y desarrollar un programa específico para usuarios de patinetes y otros sistemas de movilidad personal urbana, que restrinja su uso exclusivamente en las calles calmadas (límite de 30 km/h) y garantice su salida de las aceras.

También pone de manifiesto la necesidad de que se incrementen las zonas 30 km/h, que según esta propuesta, ayudan a calmar el tráfico y proteger a usuarios vulnerables (niños, personas mayores y ciclistas), entre otros. Y de promover campañas de concienciación para reducir el número de peatones que fallecen tras haber consumido drogas o alcohol.

Lesionados medulares y personas mayores. Disminuir el tiempo de respuesta, los llamados “minutos de oro”, en caso de accidente grave y crear un protocolo que permita trasladar al herido lo antes posible al centro hospitalario más adecuado a su lesión, son elementos clave para intentar salvar vidas.

El informe defiende la idea de incorporar a los servicios de Urgencias de los hospitales a psicólogos especializados en atender adecuadamente, desde su llegada al hospital, a las víctimas de accidentes viales, entre otras víctimas, así como ampliar el número de unidades sanitarias públicas de lesionados graves (cerebrales y medulares) para que puedan ser tratados precozmente y cuenten con una asistencia especializada multidisciplinar.

También propone que se reconsideren los protocolos de exámenes psicotécnicos para conductores a partir de los 70 años o más, así como un estudio más exhaustivo de las limitaciones de la persona con el fin de establecer con mayor precisión las posibles restricciones asociadas al permiso de conducción de estos conductores.

Justicia. Inmediatez de la justicia, fomento de los juicios rápidos y aplicación estricta de la ley para evitar sentencias contradictorias. El documento plantea la necesidad de que se agilicen los procedimientos judiciales, que se mejore la atención a las víctimas en los Tribunales de Justicia y que intervenga el Ministerio Fiscal en todos los procesos penales, por siniestros con fallecidos o heridos graves.

Defiende, además, la importancia de que se incremente la formación de fiscales y magistrados sobre el baremo de indemnización a víctimas (en vigor desde el pasado 1 de enero de 2016); que se elaboren los atestados con información más detallada sobre la situación de las víctimas, como por ejemplo, si el desplazamiento se realizaba por motivos laborales; y que se tipifique en el Código Penal el uso del móvil en el transporte escolar y de viajeros como conducción temeraria.

Más formación y Educación. El informe afirma que estas son las mejores herramientas para prevenir y reducir la siniestralidad vial, según Fundación MAPFRE, AESLEME y AEC, quienes defienden medidas como incluir un mínimo anual de 10 horas de clases teóricas obligatorias presenciales de seguridad vial para mejorar la formación de los nuevos conductores; promover el uso de los simuladores de conducción como complemento a la formación actual teórica y práctica para la obtención del permiso de conducir; y fomentar los cursos de conducción segura para las personas con poca experiencia o con más de 20 años de carné.