Diez años de la reforma del Procedimiento Sancionador
- Es un procedimiento más justo y equitativo que ayudó a que se redujesen el número de accidentes de tráfico y sus dramáticas consecuencias
11 diciembre 2019
El 23 de noviembre se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley 18/2009 de reforma del procedimiento sancionador en materia de tráfico, y es momento de valorar lo que ha supuesto en la política de seguridad vial en nuestro país. Todo empezó con el permiso por puntos. El 1 de junio del 2006 había entrado en vigor, pero el procedimiento era tan largo, farragoso y complicado que hacía que se dilatara en el tiempo la pérdida de los puntos por las infracciones cometidas, alejando demasiado la sanción de la infracción con la consiguiente pérdida del efecto ejemplarizante y disuasorio. El punto de partida estuvo claro: si la Administración Tributaria con 1,2 millones de expedientes sancionadores al año tenía un procedimiento propio y si la Seguridad Social con 100.000 expedientes al año tenía también su propio procedimiento, Tráfico con 15 millones de expedientes sancionadores al año no podía continuar sin un procedimiento propio.
Se creó un grupo de trabajo en febrero de 2007. La idea era la de hacer sencillo lo complicado y aprovechar las oportunidades que ofrecían las nuevas tecnologías para hacerlo posible. La reforma se inspiró en los juicios rápidos que tan buen resultado estaban dando. El resultado: se pasó de 2 millones de denuncias con 1 millón de alegaciones y recursos, a 4 millones de denuncias con solo 70.000 alegaciones y recursos. También permitió pasar del plazo de 90 días para cada notificación a 20 días, acercándose a la deseada inmediatez entre la infracción y la sanción que aconsejaban todos los manuales. Y pasar de un 50% de cobro en las multas al 85%. Un procedimiento más justo y equitativo que ayudaba a que se redujese el número de accidentes de tráfico y sus dramáticas consecuencias, que era el objetivo final.
Visto con la perspectiva que da el tiempo transcurrido se puede afirmar que la reforma del procedimiento sancionador permitió consolidar los avances de la política de seguridad vial en nuestro país.
La lección es que hacer el procedimiento sancionador eficiente es la mejor inversión en seguridad vial porque hacer que se cumpla la ley de tráfico, como dice la Unión Europea, es la forma más eficaz para reducir los accidentes y las víctimas.
