Conducir hacia un nuevo comienzo
- Unas 1.700 personas están en prisión por delitos contra la seguridad del tráfico.
19 junio 2025
Entre las actividades cotidianas que podrían ofrecernos una mayor sensación de libertad quizá serían las primeras las de caminar libremente por la calle o conducir por donde se quiera. Y, a simple vista, podría parecer una paradoja trasladar estas sensaciones a una prisión.
Según los datos de IIPP, en marzo de 2025, había en prisión 1.657 personas condenadas por delitos contra la seguridad del tráfico (1.612 hombres y 45 mujeres). A esta cifra, habría que sumarle aquellas personas que han ingresado en prisión por otros motivos pero que, como poco, son infractores de diversa índole. Entre las principales infracciones viales encontramos exceso de velocidad, consumo de alcohol y/o otras drogas y conducción temeraria o sin permiso. Todos ellos son delitos muy graves que pueden cambiar una vida -o muchas- para siempre.
Formación para la convivencia. Es en este contexto donde DGT e IIPP han dado un paso significativo: el pasado abril, ambas instituciones desarrollaron una formación dirigida a profesionales del ámbito educativo penitenciario. De esta forma, la educación vial se posiciona como marco indispensable para el cambio de actitudes y la adquisición de valores cívicos, esenciales para una convivencia segura. Además, su incorporación a los programas penitenciarios se convierte en una herramienta clave para que las personas privadas de libertad comprendan las consecuencias de sus actos y puedan reconstruir su vida desde el respeto a las normas de convivencia y a los demás.
Esta iniciativa, sin precedentes por su alcance, ha permitido formar a 85 profesionales de todos los centros penitenciarios y CIS (Centros de Inserción Social) de la geografía española. El curso comenzó con una jornada presencial intensiva de ocho horas lectivas y continuó on line a través de CampusDGT, con módulos diseñados para actualizar contenidos y facilitar recursos educativos que pueden adaptarse al contexto. El cuerpo docente, compuesto por el equipo de pedagogos y un epidemiólogo de los Servicios Centrales de la DGT, se desplazó directamente a las instalaciones de IIPP, para tratar temas como la programación didáctica, sistemas de evaluación, distintas metodologías, los efectos de distintas sustancias en la conducción, contenidos viales, estadísticas, recursos didácticos, etc.
Además de compartir una jornada poco usual, los profesionales de las penitenciarías pudieron ponerse cara e intercambiar estrategias particulares que, con el tiempo, cada uno ha ido desarrollando para sus diferentes contextos.
Una necesidad. La sinergia entre ambas instituciones permite aseverar con mayor rotundidad que la educación vial no se limita al conocimiento de señales y normas, sino que sobre todo es una apuesta por la dignidad humana y la justicia social. Porque hablar de educación y personas privadas de libertad es hablar de derechos, de oportunidades, y de un futuro social en el que ninguna persona queda excluida.
La educación vial en Instituciones Penitenciarias no es una concesión, sino una necesidad. Y es también una forma de devolverle a la sociedad personas con mayor conciencia, empatía y responsabilidad. Porque al final todos, antes o después, volveremos a encontrarnos en la carretera.
Ana y María Jesús, las dos coordinadoras de Educación Vial de la Jefatura de Tráfico de Sevilla, hace tiempo que trabajan en este tipo de programas. Destacan, ante todo, la complejidad del entorno penitenciario y, a la vez, su riqueza pedagógica. Consideran que la diversidad de perfiles, los niveles educativos y los contextos personales obligan a adaptar la metodología, pero también abren una oportunidad única para trabajar desde la experiencia, la emoción y la reflexión.
Por eso, desarrollan un programa que incluye dinámicas participativas, testimonios en primera persona —como el de Salvador Muñoz, profesor universitario lesionado medular tras un siniestro vial— y la creación por parte de los internos de campañas dirigidas a sus compañeros.
Todo ello con un objetivo claro: comprender las consecuencias reales de sus actos y desarrollar una actitud responsable y empática. Las anécdotas son reveladoras: un interno que inicialmente rechazaba la actividad acabó confesando que estaba preso por atropellar a un guardia civil. Otro explicó con naturalidad que no respetaba los límites de velocidad porque huía tras un robo. “Estas confesiones, aunque duras, generan un clima de confianza que hace que la intervención tenga verdadero impacto”, señalan las coordinadoras. Pese a los miedos iniciales, trabajar con este colectivo puede ser transformador: “Muchos internos reflexionan sobre sus errores y sobre cómo quieren cambiar su vida. Algunos incluso expresan temor a salir porque no tienen red de apoyo o porque temen repetir su patrón de conducta”, aseguran.
En 2023, la Fiscalía General del Estado formuló un total de 298.853 acusaciones por toda clase de delitos, de los que 96.745 (el 32,3%) fueron por delitos relacionados con la seguridad vial, una cifra menor que en años anteriores, aunque muy superior a los datos prepandemia. De las acusaciones presentadas por delitos viales, 92.816 acabaron en condenas. Esto eleva el porcentaje de condenas por delitos viales al 34,6% del total de delitos, por lo que sigue representando un elevado volumen de delincuencia vial detectada.
