Chile automatiza las infracciones por velocidad
- La ley, que aún tardará un año en hacerse realidad, crea zonas de control y libera a los cuerpos policiales de una labor que recaía exclusivamente en ellos.
26 enero 2023
El Congreso de Chile ha aprobado la puesta en marcha del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI). Hasta ahora, la fiscalización de la velocidad recaía en los carabineros e inspectores fiscales.
Según el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el sistema constará de una red automatizada que se hará cargo de la detección, notificación y tramitación de las infracciones. El proyecto especifica que las zonas en las que se instalarán los dispositivos automatizados deberán estar señalizadas y entregarán una información clara y precisa a los conductores sobre su ubicación.
El sistema detectará a los vehículos que excedan la velocidad permitida, transiten en áreas urbanas con restricción por contaminación ambiental, así como las infracciones de normas de transportes terrestre susceptibles de captación automatizada.
El Gobierno chileno ha informado de que en 2019 se cursaron 184.040 infracciones de velocidad en el país, equivalente a solo el 3,2% del parque de vehículos, que consta de casi seis millones de unidades. Este resultado, afirma, señala un bajo cumplimiento de los límites de velocidad y una sensación de impunidad en los conductores. Además, señala que "con los crecientes requerimientos de personal policial para labores de seguridad pública, el contingente policial que puede dedicarse a labores de control de tránsito es poco y al tener que llevarse a cabo de manera presencial, hay un gran número de conductores que comenten infracciones que nunca son detectados".
Pese a la urgencia de tomar medidas al respecto, el proceso se viene fraguando desde hace nueve años y aún tiene recorrido por delante. La ley se aprobó esta semana en el Congreso pero ahora tiene que promulgarla el presidente y publicarse en el Diario Oficial. A partir de entonces el MTT dispone de seis meses para elaborar un reglamento que lo desarrolle y, tras su publicación oficial, habrá un nuevo plazo de 90 días para comenzar su implementación. En definitiva, se estima en un año el tiempo necesario para que se aplique de forma efectiva.
