Más rigor contra infractores homicidas
- "El que conduce bajo los efectos del alcohol y drogas o con un patente exceso de velocidad no es un imprudente, es un delicuente homicida", señala el comunicado de MEB
10 mayo 2017
La Mesa Española de la Bicicleta (MEB) reitera la necesidad de establecer un Código Penal más riguroso para los infractores homicidas, unos baremos indemnizatorios más justos y unos procesos judiciales menos ventajosos para las aseguradoras y más favorables para las víctimas. Así mismo, recuerda la MEB que realizó numerosas alegaciones a la reforma de la Ley de Tráfico de 2014 y a la reforma de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, de 2015, sin que se atendieran sus sugerencias a favor de los ciclistas. Igualmente, denunció públicamente las graves consecuencias de excluir del Código Penal las faltas por imprudencia con resultado de muerte y lesiones. Por desgracia, ahora estamos viendo el resultado: un alivio para los causantes de tan graves accidentes y una desprotección para las víctimas.
La MEB hace un llamamiento al Gobierno y a las Cortes para que cambien cuanto antes la legislación invirtiendo estas injustas posiciones de infractor y víctima. A día de hoy, con la existencia de una amplia conciencia social sobre la gravedad de conducir bajo los efectos de alcohol y drogas o con un patente exceso de velocidad, no puede ya considerarse que quien lo hace es un imprudente. El que conduce en tales condiciones admite la posibilidad cierta de causar un homicidio, sabe que puede suceder en muy alto grado y, aún así, consiente en que esa probabilidad se materialice en un desastroso accidente. No es un imprudente, es un delincuente homicida y así debe tratarlo el Código Penal.
Forman parte de la Mesa Española de la Bicicleta (MEB) las Entidades de Usuarios agrupadas en torno a ConBici –que reúne a 58 entidades de toda España–, la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) –que engloba el sector más deportivo y posee más de 60.000 federados– y la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) –que representa a las 30 de las principales empresas distribuidoras y fabricantes del sector ciclista–, la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) –una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1977 con el objetivo principal de la defensa de los intereses de los ciclistas profesionales–, la Red de CicloJuristas –constituida en 2012 y formada por abogados, profesores de Universidad, letrados del Tribunal Constitucional y letrados de Las Cortes Generales y de Parlamentos Autonómicos interesados en la promoción de la bicicleta– y por último IMBA –que une a unos 6000 ciclistas para defender un ciclismo sostenible, representar los intereses de los ciclistas de montaña ante la administración, y abogar por el entendimiento con otros grupos usuarios de la montaña–.
