El Gobierno declara la emergencia climática
- Una de las primeras medidas será llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas en 2050
22 enero 2020
El Consejo de Ministros, celebrado el martes 21 de enero, aprobó la Declaración de Emergencia Climática, un documento que recoge 30 medidas para luchar contra el cmabio climático. Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha afirmado que la declaración "debe inspirar todas las políticas públicas" y permitir al Gobierno desarrollar su compromiso con la lucha contra el cambio climático de forma más profunda, rápida y ambiciosa, sumando los esfuerzos de todas las administraciones: "Las instituciones tenemos la responsabilidad de evitar el incremento de los problemas y facilitar las soluciones".
Esta declaración se aprueba en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acciones urgentes para proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de los ciudadanos.
Cinco medidas en los primeros 100 días de gobierno
El Ejecutivo se ha comprometido a ejecutar cinco de esas treinta medidas en los primeros 100 días de gobierno:
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Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
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Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
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Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
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Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
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Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
Líneas prioritarias
La declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental. Se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En concreto, en estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
El acuerdo destaca que los primeros pasos de esta transformación ya se han activado. En particular, hace referencia al PNIEC 2021-2030, que sitúa a España en la "senda correcta" para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente. Para ello, en 2030 se habrá duplicando el consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, el 74% será de origen limpio. Se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40% para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50% y el 55%.
El Parlamento Europeo, en noviembre de 2019, a tres días del inicio en Madrid de la COP25 (la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Camblio Climático), declaró a Europa en estado de "emergencia climática", convirtiéndola en el primer continente en aprobar una reslución que advierte de la necesidad de actuar con rapidez. La declaración pretende convertirse en una llamada de atención a la clase política europea para que redoble los esfuerzos para frenar el calentamiento global, así como transmitir a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que se han manifestado en las calles de todo el continente, la idea de que su clamor ha sido escuchado.
Los eurodiputados también acordaron en paralelo pedir a la Comisión Europea que eleve el objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030 del 40 al 55% respecto a 1990, un paso intermedio que consideran necesario para alcanzar la neutralidad climática en 2050. También instaron a Bruselas a evaluar el impacto ambiental de cada propuesta de ley para asegurarse de que son compatibles con la meta de contener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1,5 grados respecto a niveles preindustriales, el límite que fija el Acuerdo de París. Este acuerdo, que se adoptó en la COP21, establece unas medidas para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Su objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados.
El Ayuntamiento de Madrid aprobó la Emergencia Climática en otoño de 2019. El texto aprobado por el pleno reconoce que "el planeta, así como los seres vivos y los ecosistemas, se encuentra en grave peligro", y recuerda que el calentamiento global de 1,5 grados "alertan de un rumbo que lleva a la extinción de una grave parte de los ecosistemas terrestres". La declaración incluye el diseño de un plan municipal con medidas políticas y económicas.
Y el Ayuntamiento de Barcelona, en enero de este año, ha declarado la emergencia climática y propuesto un centenar de medidas para tratar de revertir esta situación. Con a una inversión de 563,3 millones de euros, el Ayuntamiento planea reducir en dos millones de toneladas las emisiones de CO2 en el año 2030. De esta manera se alcanzaría un decrecimiento del 50% respecto a las que se emitían en el año 1992. Una cincuentena de estas actuaciones dependen únicamente del Consistorio, pero para alcanzar todas requerirá la complicidad de otras administraciones como por ejemplo el Estado o la Generalitat de Catalunya.
