Nuevos aires para las ciudades
- El 77% de las ciudades ya tiene algna restricción de movilidad en sus nucleos urbanos.
22 noviembre 2021
La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a las poblaciones de más de 50.000 habitantes a incluir Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en sus planes de movilidad sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de ruido que en las ciudades, donde, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada año mueren 25.000 personas a causa a la contaminación ambiental, producida en gran medida por nuestros vehículos de motor (se estima el 30% de las emisiones de CO2 proceden del tráfico rodado).
En apenas 15 meses, estas ciudades deberán haber implantado las medidas y adaptaciones necesarias para adecuar la circulación a las normas que marca la nueva ley.
“Estas zonas mejorarán la calidad del aire de más de 30 millones de personas. Y además reducirán la congestión y la siniestralidad en el tráfico urbano”, destaca Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT.
"Las ZBE son una oportunidad para conseguir una movilidad sin humos, sin ruidos y sin muertes. Con ellas actualizamos el uso del coche y la tecnología de los automóviles al siglo XXI", opina Alfonso Gil, teniente alcalde de Bilbao y presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Más que restricciones.
Con el fin de ayudar a las ciudades a que tengan la obligación –o quieran– crear estos espacios libres de malos humos, la FEMP junto al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y en colaboración con la DGT, presentaron conjuntamente en junio una guía con las recomendaciones técnicas y actuaciones necesarias, más allá de las restricciones a la circulación, "para que todas las ciudades puedan aplicar las ZBE con la mayor eficacia posible", señala Marc Iglesias, responsable de Proyectos de Movilidad Sostenible del AMB.
El manual toma como referencia la experiencia real de la ZBE-Rondas de Barcelona, en marcha desde 2020, que se extiende por cinco municipios, incluida Barcelona, unos 100 kilómetros cuadrados con dos millones de habitantes donde está prohibida la circulación a los vehículos sin distintivo medioambiental –los más contaminantes–, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Y donde han sido necesarias otras actuaciones como la instalación de señalización y de cámaras de control, la creación de un sistema sancionador, campañas de información...: "Una ZBE con cierta ambición en movilidad sostenible debe ir acompañada de una buena oferta de transporte público, un parque móvil menos contaminante y más seguro, la promoción de la bicicleta y espacio para el peatón", apunta Iglesias.
Experiencias propias.
En efecto, muchas otras ciudades españolas estudian cómo implantar sus ZBE, tomando como base el proyecto de la AMB. Pero también siguiendo experiencias propias: según un informe de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), que analiza las medidas implantadas por las ciudades para mudar a un modelo de movilidad más sostenible, solo el 9% de las ciudades de más de 50.000 habitantes están dotadas de ZBE, aunque el 77% de las ellas ya tiene alguna restricción de movilidad en sus núcleos urbanos.
"Las ZBE deben tener criterios comunes en todas las ciudades pero a la vez deben adaptarse a sus necesidades. Cada ciudad se mueve de una forma distinta", destaca Alfonso Gil. distrito centro.
En Madrid (3.334.000 habitantes), el Ayuntamiento ha aprobado recientemente la normativa del nuevo 'Distrito Centro', -el antiguo 'Madrid Central'-, la zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad inaugurada en 2018 -una de las ZBE europeas con mejores resultados, con reducciones del 32% en la polución por dióxido de nitrógeno, según un informe de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente- que renace con un funcionamiento y restricciones similares a las del proyecto anterior, pero también con alguna diferencia: crea una segunda ZBE en Plaza Elíptica y da a los comerciantes del centro las mismas condiciones de acceso de los residentes.
"Su extensión se irá ampliando progresivamente hasta 2025, cuando toda la ciudad será una gran Zona de Bajas Emisiones. Pretende ser una estrategia global contra la contaminación", explica Borja Carabante, delegado de Medioambiente y Movilidad del consistorio madrileño.
Cambio cultural.
En Bilbao (350.000 habitantes), una ciudad donde una gran parte de los desplazamientos (65%) se hacen habitualmente a pie, explican desde el Ayuntamiento que la ciudad vive un ‘tránsito cultural’ en lo que a movilidad se refiere. Toda la ciudad ha adoptado el límite de 30 km/h, la flota de taxis se está electrificando, algo que Ayuntamiento también pretende hacer con los transportistas: "Además estamos estudiando cuál será el área urbana a delimitar para la ZBE, desde toda la ciudad hasta la almendra central, donde el aire tiene peor calidad. También estamos estudiando los horarios de más afluencia de circulación. Pero no van a ser necesarias restricciones estrictas", asegura Gil.
En Murcia (459.000 habitantes) se ha anunciado el cierre a la circulación de una de las principales avenidas de la ciudad –la Gran Vía–, durante todos los domingos desde este mes de octubre, como medida para reducir el uso del vehículo particular y fomentar la movilidad sostenible. Además de medidas de peatonalización, según fuentes municipales actualmente se trabaja en delimitar las zonas de bajas emisiones, y la ampliación de las zonas con acceso restringido, en la creación de tres nuevos aparcamientos disuasorios y un nuevo modelo de transporte urbano, entre otras medidas.
"Es necesario aplicar las medidas por fases, para valorar los efectos y no provocar el caos. Y en conjunto: si restringimos el acceso al coche sin dar alternativas de transporte activo (pie, bici patinete) o de transporte público urbano, solo cambiamos un problema por otro o lo trasladarnos a otro sitio", explica Eva Pérez, jefa del servicio municipal de tráfico del Ayuntamiento de Murcia.
Más peatonalización.
En Ciudad Real (75.000 habitantes) su Ayuntamiento ya ha propuesto la extensión de la ZBE Ciudad Real Central, que de ser aprobada abarcaría desde la ronda al interior de la capital e implicaría peatonalizaciones en nueve calles del centro urbano, donde se prohibirá la circulación de vehículos de motor.
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (98.000 habitantes) ha instalado durante este verano Zonas de Bajas Emisiones en todos los entornos de los colegios e institutos de la localidad, donde se establecerán restricciones de acceso, con el fin de hacer la ciudad "más habitable, segura y saludable", explican fuentes municipales.
Las Zonas de Bajas Emisiones son zonas delimitadas dentro de una ciudad donde se limita el acceso a los vehículos más emisores y contaminantes para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los automóviles -dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) o hidrocarburos (HC)-, según establece el Ministerio de Transición Ecológica en sus directrices para la creación de las ZBE.
Por su parte, el manual técnico para la implantación de ZBE, elaborado conjuntamente por la FEMP y la AMB, utiliza como base el sistema de etiquetaje de vehículos de la DGT y recomienda "abarcar el mayor área posible" con restricciones para los vehículos sin distintivo ambiental, y hacer estas limitaciones aún más severas en "cascos antiguos, zonas centrales y entornos sensibles (escuelas, residencias, hospitales...)", solamente para vehículos con distintivo 0 (eléctricos e híbridos enchufables).
"Estamos inmersos en una transición energética y medioambiental. La movilidad es clave para ese cambio social. Las ciudades van a estar libres de CO2, por economía, por dependencia y por supuesto por salud. Hacia ello vamos", opina Marc Iglesias, responsable de Movilidad de la AMB.
Actualmente en Europa, hay más de 200 ciudades de diez países -Berlín, París, Bruselas, Amsterdan y Londres entre ellas- que han implantado estas áreas de bajas emisiones con accesos regulados en sus cascos urbanos.
La creación de Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades es una de las medidas más ambiciosas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija una reducción de 27 millones de toneladas de CO2 para el transporte y la movilidad hasta 2030.
La ley pretende potenciar la movilidad urbana ecológica con la implantación de Zonas de Bajas Emisiones, antes de 2023, en los 149 municipios españoles con más de 50.000 habitantes -según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística-, en los que residen más de 25 millones de personas (53% de los habitantes de España). Además, las ciudades de más de 20.000 habitantes también deberán implantar las ZBE en el mismo plazo, si su calidad del aire es deficiente.
El número de municipios con más de 50.000 habitantes, por comunidades autónomas es: Andalucía, 29; Aragón, 2; Asturias, 4; Baleares, 3; Canarias, 9; Cantabria, 2; Castilla y León, 9; Castilla-La Mancha, 6; Cataluña, 23; Ceuta, 1; Comunidad de Madrid, 23; Comunidad Valenciana, 15; Extremadura, 3; Galicia, 7; La Rioja, 1; Melilla, 1; Navarra, 1; País Vasco, 6; Región de Murcia, 4, un total de 149 ciudades.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto la convocatoria para repartir 1.000 millones de euros de los fondos europeos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resilencia, el más importante entre los programas europeos Next Generation que contribuirán a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia por Covid-19.
"Este plan de recuperación es el mayor impulso dado a la transición ambiental desde las administraciones, ya que dos de los objetivos principales de estas ayudas son la electrificación del parque de vehículos y el establecimiento de ZBE", explica Alfonso Gil, responsable de la comisión de Movilidad Sostenible de la FEMP.
Las ayudas están dirigidas a municipios con más de 50.000 habitantes, capitales de provincia y localidades de 20.000 a 50.0000 habitantes con servicio de transporte público. Una segunda convocatoria, prevista para 2022, repartirá otros 500 millones.
