Francia pisa el freno
- Disminuir 1 km/h la velocidad media podría evitar 2.100 fallecidos.
29 junio 2026
Los que vayan a pasar sus vacaciones viajando por carreteras francesas van a tener que levantar el pie del acelerador. En virtud del Decreto 2025-1269 desde el pasado mes de diciembre la normativa del país galo considera que los conductores que circulen superando en más de 50 km/h el límite de velocidad establecido están cometiendo un delito y no una infracción.
Que lo que hasta ahora era tratado como una falta pase a ser considerado una conducta imprudente y egoísta supone un cambio de paradigma que se traduce, a efectos prácticos, en sanciones más severas. El objetivo final es acabar con el exceso de velocidad, uno de los factores que suele estar presente en buena parte de los siniestros viales en Francia. Según la última edición del informe galo sobre infracciones, en 2024 se registraron 63.217 casos en los que se igualaba o superaba los 50 km/h por encima del límite de velocidad establecido, una cifra que suponía un aumento del 69 % respecto a 2017, apenas siete años antes.
Evolución del sistema. “Al tipificar este exceso de velocidad como delito, con una respuesta legal más firme, enviamos un mensaje claro: la violencia vial ya no será tolerada. Este avance es una medida de protección para todos, para las familias y para los usuarios de la vía más vulnerables. Refleja una exigencia de responsabilidad y respeto”, explicó Marie-Pierre Vedrenne, ministra delegada, al presentar la medida ante el ministro del Interior francés. Y añadió: “No es una simple infracción, es una conducta que pone en peligro vidas deliberadamente”.
El mecanismo sancionador que pone en marcha la nueva normativa se despliega en varias fases. En un primer momento el infractor debe simplemente pagar una multa de 300 €, (aumentada a 600 € si se retrasa en el abono). En caso de no pagar la multa, el delito puede acarrear una sanción más cuantiosa, de hasta 3.750 € como máximo; además de una pena de prisión de hasta tres meses y una posible sanción complementaria que puede aplicarse en varios frentes. Entre esas medidas adicionales se contempla la posibilidad de suspender o retirar el permiso de conducir al infractor y la prohibición de solicitar uno nuevo durante un periodo máximo de tres años y/o la incautación del vehículo usado durante la comisión del delito. Además, estos cargos podrán figurar en los antecedentes penales del conductor y se le puede obligar a realizar un curso de sensibilización sobre seguridad vial que deberá pagar él mismo.
A escala europea. El problema con el exceso de velocidad que padece Francia es equiparable al que sufren el resto de los países de su entorno. Correr demasiado continúa siendo un factor muy presente en la siniestralidad vial de toda Europa y es sencillo comprobar que el mensaje de que el respeto de esos límites es un escudo de protección cuando se va al volante aún no ha calado. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo demuestra al estimar que, en algún momento, el 50 % de los conductores europeos supera los límites de velocidad legales.

Desafortunadamente los datos también confirman la relación que existe entre pisar el acelerador y aumentar las probabilidades de sufrir un siniestro vial grave. El Observatorio Europeo de Seguridad Vial asegura que un incremento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de que un accidente de tráfico sea mortal. En los casos en los que las víctimas sobreviven, también se ha comprobado que, a mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones, con consecuencias especialmente graves en el caso de los usuarios vulnerables de la vía: a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello.
Por el contrario, bajar la velocidad ha demostrado beneficios. De hecho, un estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) ha calculado que reducir la velocidad media en tan sólo 1 km/h en todas las carreteras de la UE salvaría más de 2.100 vidas al año.
En España, la situación es similar a la francesa. Al consultar los datos de siniestralidad de 2024 (último año con cifras consolidadas), se puede comprobar que la velocidad inadecuada fue determinante en el 22 % de los siniestros en los que se produjeron víctimas mortales. La cifra total de personas fallecidas por este motivo se elevó a 307, un 5,5 % más que en el año anterior. En las carreteras españolas la velocidad se mantiene como el tercer factor concurrente más habitual en los accidentes y está presente en más del 20 % de los casos con víctimas mortales. Quizá haya llegado el turno de repensar nuevas medidas para conseguir que las carreteras sean un espacio en el que se circule a la velocidad adecuada.
Bajar el límite de velocidad reduce las cifras de siniestralidad en vías urbanas. Según la última encuesta de la red de ciudades europeas Eurocities, en la que han participado 38 ciudades de 19 países, tres cuartas partes de las ciudades que han introducido límites de velocidad urbanos más bajos han registrado un menor número de muertes y lesiones en carretera. La mayoría de esas ciudades han implementado límites de velocidad de 30 km/h de forma gradual y selectiva, priorizando los barrios residenciales, las calles escolares y los centros históricos, y el 57 % ha ido más allá y afirma que más de la mitad de su red vial opera con límites de velocidad inferiores a 50 km/h.
Durante la última campaña de control de velocidad realizada el pasado mes de abril los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil verificaron la velocidad de más de un millón de vehículos. ¿El resultado? Más de 78.000 conductores fueron denunciados. Pero es difícil que estos casos lleguen hasta los tribunales: de todos los infractores detectados únicamente 15 fueron puestos a disposición judicial. Según los datos de la Memoria de la Fiscalía, en el año 2024 sólo se dictaron 691 sentencias condenatorias por conducir con una velocidad muy superior a la permitida (80 km/h por encima del límite permitido en vías interurbanas o más de 60 km/h por encima del límite en vías urbanas). Por comparar esos mismos datos con otros delitos cometidos contra la seguridad vial, en ese mismo año se produjeron 47.103 condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas.





