Iberoamérica avanza unida por la seguridad vial
- Drurante las jornadas se presentó el Índice Iberoamericano de Movilidad Segura (IIMS).
15 octubre 2026
Los datos son más que elocuentes: la siniestralidad vial en los 22 países que forman parte de la Conferencia Iberoamericana se cobra cada año más de 90.000 vidas. Esta cifra tiene una importante consecuencia económica: en 2023, en los países que forman parte del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial/OISEVI, las pérdidas provocadas por los siniestros de tráfico contabilizaron más de 163.000 millones de euros, lo que equivale al 3 % del PIB (Producto Interior Bruto) regional. Todo esto demuestra que la seguridad vial representa uno de los principales desafíos públicos para toda Iberoamérica, una región en la que, en las últimas décadas, ha avanzado notablemente la cooperación.
Con todos estos datos sobre la mesa, entre el 24 y el 25 de junio, Madrid acogió la XII Asamblea General del OISEVI (Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial), una cita en la que más de 100 expertos en seguridad vial de 22 países intercambiaron experiencias y buenas prácticas, además de plantear los principales retos de futuro. El encuentro se cerró el 26 con una jornada en la Casa de América en la que se presentó la llamada ‘Declaración de Madrid’, enfocada hacia la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará también en la capital española el próximo noviembre.
Amplio respaldo. El evento, organizado por la Dirección General de Tráfico y los países miembros del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial/OISEVI, contó con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y también de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI), que agrupa a 17 entidades nacionales de víctimas de tráfico.
Tal y como se señaló durante el encuentro, para la comunidad iberoamericana avanzar hacia un espacio común de seguridad vial significa reforzar los vínculos económicos y culturales, mejorar la comunicación pública al utilizar mensajes similares en toda la región y facilitar la circulación y el cumplimento de las normas cuando su ciudadanía viaje a otros países. Además, una mayor afinidad normativa contribuirá a reducir la complejidad regulatoria, facilitará el reconocimiento mutuo de licencias y autorizaciones, favorecerá el intercambio de buenas prácticas y permitirá desarrollar campañas de educación, concienciación y fiscalización más coherentes y eficaces en el conjunto de la región.
Pasar a la acción. Durante la presentación de las jornadas de trabajo, Marcelo Metediera, presidente del OISEVI, señaló que cuando hablamos de seguridad vial siempre solemos pensar en “radares y multas”. Por eso, aseguró, “es necesaria una política pública de carácter social” y, sobre todo y más importante, “pasar a la acción”. En este sentido, planteó la elaboración de una guía para que cada país pueda aplicarla a su realidad.
Por su parte, Pere Navarro, responsable de la DGT, subrayó la importancia de trabajar en pro de la seguridad vial: “La defensa de la vida es el objetivo de toda civilización y eso es lo que estamos haciendo nosotros”. En su opinión, hay que actuar sobre tres ejes: colocar a las víctimas en el centro de las políticas de seguridad vial (“debemos transformar ese dolor en casa en compromiso y activismo social”), promover la movilización de la sociedad civil y vigilar el cumplimiento de las leyes de tráfico (“son claves los agentes policiales y la tecnología”).
Marco Estratégico. Las sesiones de trabajo comenzaron con la presentación de los datos de siniestralidad vial del área iberoamericana: en 2024, la tasa regional de fallecidos por siniestros de tráfico se situó en el 13,96 % personas por cada 100.000 habitantes. A continuación, los más de 100 expertos que participaron en las ponencias analizaron las principales líneas estratégicas y las políticas de mayor impacto y el papel, funciones y competencias de los organismos responsables de la seguridad vial.
Durante la primera jornada, se examinaron las estrategias nacionales recogidas en el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y se abordó la eficacia de la aplicación de la ley en la reducción de la siniestralidad en la carretera, la importancia de la implicación de la sociedad civil y las alianzas internacionales necesarias para avanzar hacia una movilidad más segura en toda la región.
Además, se aprobó el Marco Estratégico Iberoamericano de Movilidad Segura 2026-2030, que sitúa en el centro a las personas y que reconoce la necesidad de lograr unos sistemas de movilidad más seguros e inclusivos en toda la región. Su aplicación será gradual y adaptada a la realidad de cada país. Cuenta con cinco ejes principales: gobernanza, fortalecimiento institucional y cooperación regional; datos, conocimiento y cooperación técnica regional (incluido el Índice Iberoamericano de Movilidad Segura, el IIMS); sistema seguro, usuarios vulnerables y atención integral a las víctimas; cultura de movilidad segura y cumplimiento efectivo de la norma, y, por último, integración con salud pública, movilidad y sostenibilidad.
 | Ávaro Gómez. Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (DGT) ”El principal objetivo es reducir la siniestralidad vial”. |
Un gran desafío. El segundo día tuvo lugar una reunión conjunta del OISEVI con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ambas organizaciones han reconocido al OISEVI como una red regional de referencia, considerando su trabajo como una de las principales plataformas de cooperación. Las tres entidades señalaron que la seguridad vial representa un desafío regional de salud pública, desarrollo humano, cohesión social y gobernanza. Porque los efectos de los siniestros viales no se limitan al ámbito de la circulación, sino que afectan a la calidad de vida, equidad territorial, movilidad cotidiana, acceso a oportunidades y confianza en la capacidad de cada estado para prevenir daños evitables.
En este sentido, Pere Navarro, director de la DGT, señaló que “el reguero de víctimas que hay por el tránsito en las carreteras en Latinoamérica, en toda la región” nos obliga a actuar: “En España, es verdad, que hemos tenido unos resultados razonables, por lo cual tenemos también una obligación ética y moral de trasladar nuestra experiencia y buenas prácticas, compartirlas porque todos queremos avanzar en un espacio iberoamericano de seguridad vial”.
Durante el encuentro de los países iberoamericanos, se presentó el documento ‘Recuperando la esperanza. Nueva narrativa e Índice Iberoamericano de Movilidad Segura (IIMS)’, elaborado bajo el liderazgo de FICVI (Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial), la coordinación de la Fundación Mapfre y la colaboración del OISEVI (Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial). En él, la sociedad civil iberoamericana insta a gobiernos y gobernantes de la región a “actuar con decisión y corresponsabilidad” para reducir la siniestralidad vial.
La principal novedad es el Índice Iberoamericano de Movilidad Segura (IIMS), un instrumento para evaluar datos y políticas que “aspira a medir el nivel de desarrollo del sistema nacional de movilidad segura". Para ello, se han establecido 11 indicadores: tasas de mortalidad; atención integral a las víctimas; justicia vial; atención sanitaria de emergencias, cuidados críticos, operatorios y de rehabilitación; transporte público; formación de conductores; movilidad segura laboral; velocidad; vehículos seguros; infraestructuras, y, por último, fiscalización.
Se ha trabajado con los datos de los países vinculados al OISEVI (Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay), más los de cinco países invitados (Cuba, México, Nicaragua, Perú y Portugal).
El valor del IIMS no reside únicamente en generar una medición de cifras, sino que su principal objetivo es establecer un instrumento para el diálogo y para trasladar mensajes clave sobre las áreas prioritarias de trabajo. El fin último es prevenir muertes y lesiones graves derivadas del tráfico.
Para Alma Chávez, presidenta de FICVI, este indicador “sólo es el inicio del camino” porque “su potencial de desarrollo es inmenso” y porque se trata de “una herramienta para la evaluación y mejora de las políticas públicas en seguridad vial”.
El encuentro de Madrid del pasado junio contó con la importante participación de más de 20 representantes de asociaciones de víctimas de doce países, organizadas en torno a FICVI (Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial). Su presidenta, Alma Chávez, valoró muy positivamente el trabajo desarrollado esos días en la capital española, asegurando que “estamos ante una oportunidad única para poder avanzar”, para lo que reclamó el compromiso de todas las personas, instituciones y gobiernos para trabajar por una movilidad segura. Chávez señaló que las víctimas de los siniestros viales se quedan con la frase 'Recuperando la esperanza', precisamente el título del documento que presentaba el nuevo IIMS. Sobre la participación de estas asociaciones en el encuentro, el ministro Grande-Marlaska afirmó que “su presencia aporta legitimidad, humanidad y sentido a nuestro trabajo porque detrás de cada política pública, detrás de cada estrategia y detrás de cada indicador hay vidas humanas que debemos proteger”.
El 26 de junio tuvo lugar en la Casa de América el encuentro ‘Hacia un Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial’, en el que se presentó la llamada ‘Declaración de Madrid’, un documento enfocado a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará también en la capital española los días 4 y 5 de noviembre.
En dicho documento, los responsables de las agencias de tráfico y seguridad vial de los países iberoamericanos reconocen que los siniestros viales “representan una fuente de sufrimiento humano y generan costos sociales y económicos que resultan inaceptables para nuestra región”. Asimismo, insisten en que “las lesiones mortales y graves en el tránsito son evitables”, por lo que abogan por “un mayor compromiso político, una mayor coordinación de esfuerzos, un refuerzo del papel de la sociedad civil y una acción más decidida en todos los ámbitos”, con el objetivo de reducir las cifras de siniestralidad en la carretera.
Además de subrayar el reforzamiento de las agencias nacionales de tráfico y seguridad vial y el papel clave que tiene el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial/OISEVI, en la ‘Declaración de Madrid’ se acordó la armonización progresiva de las normas básicas con respecto a los principales factores de riesgo (excesos de velocidad; no uso del cinturón de seguridad, casco o sistemas de retención infantil; conducción tras el consumo de alcohol, y uso de teléfonos móviles) y también de los permisos de conducir expedidos en los diferentes países y de los tipos de vehículos a los que cada categoría da derecho a conducir.
El presidente del OISEVI, Marcelo Metediera, explicó que la armonización de los permisos "no es el final de nada porque ahí nos abre la puerta a otras situaciones”.
Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que las nuevas generaciones quieren alternativas al vehículo privado: “El futuro no es sentarse en un coche en una parada en una ciudad y que nada se mueva. El futuro es transporte público, bicicleta y caminar”.
Por su parte, Andrés Allamand, responsable de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), apuntó que en el ámbito de la seguridad vial “hay un espacio para que la sociedad, las instituciones y los gobiernos actúen”. Agregó que no se trata únicamente de una responsabilidad política, sino también de “una responsabilidad ética porque estamos hablando de vidas y, por eso, cualquier esfuerzo debe llevarse adelante”.
Por último, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, definió la ‘Declaración de Madrid’ como “un acuerdo sin precedentes en la historia de la cooperación regional en materia de seguridad vial de los países iberoamericanos, un acuerdo que reafirma la importancia de la cooperación para reducir la siniestralidad vial porque reafirma el valor de la vida como principio rector de nuestras políticas públicas, porque reconoce la seguridad vial como una condición indispensable para el desarrollo sostenible y porque expresa la voluntad de nuestros países de caminar juntos durante los próximos años”.
